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Un consejo de expertos se encargará de normalizar el uso de las lenguas
franja | 15 Juliol, 2005 10:51
La creación del Consejo Superior es la principal modificación que ha introducido el Ejecutivo aragonés en el nuevo anteproyecto.
JAVIER BENITO. Zaragoza | Uno de los cambios sustanciales entre el anterior y el actual anteproyecto de ley de lenguas es que las principales decisiones ya no se dejan al albur de lo que quieran decidir los ayuntamientos. Igual que no dependerá de ellos la enseñanza "de" y "en" catalán o aragonés, sino de los padres, tampoco se someterá a votación municipal la delimitación de las zonas de utilización de las lenguas propias. Esta es una de las decisiones que quedará supeditada al dictamen del Consejo Superior de las Lenguas de Aragón, que no tendrá un carácter político, sino técnico.
Será "un órgano consultivo adscrito al departamento competente en materia de política lingüística, aunque ejercerá sus funciones con autonomía orgánica y funcional, con el fin de garantizar su objetividad e independencia", según el documento para el debate del nuevo anteproyecto de ley de lenguas, al que ha tenido acceso HERALDO.
El Consejo estará integrado por expertos en esta materia, filólogos, juristas o personalidades de las letras y la enseñanza en materia lingüística "con una acreditada competencia científica, como garantía de su objetividad, independencia y eficacia", dice el texto.
El planteamiento es que la aplicación de la ley parta "de un riguroso examen de la realidad sociolingüística" para determinar las zonas de uso predominante, especialmente del catalán, aunque se pueda ser "más elástico y flexible con el aragonés", ya que posiblemente ni siquiera sea mayoritario en localidades como Ansó, explicaron fuentes próximas al Ejecutivo autonómico. "Las decisiones sobre asuntos académicos -agregaron- no dependerán de políticos, sino de gente con autoridad en la materia".
El Consejo Superior informará sobre las zonas donde corresponde la declaración del catalán y el aragonés como lenguas propias y también de las solicitudes de los municipios -particularmente los limítrofes o con distintos vínculos- para extender esta consideración a sus respectivos términos.
Tan importante o más que lo anterior será su función de "elaborar y determinar, en su caso, las reglas de normalización definitiva del aragonés, y del catalán de Aragón", según el documento del anteproyecto. Las fuentes consultadas explicaron que se trata sobre todo de unificar el aragonés, dado que el catalán ya tiene una normativa, si bien puntualizaron que "se respetarán todas las variedades de ambas lenguas".
Otras funciones del consejo serán el seguimiento de programas y planes en materia de lenguas propias que se desarrollen en Aragon, la emisión de dictámenes de oficio o a instancias de la DGA u otras instituciones, o el mantenimiento y desarrollo en catalán y aragonés de "una adecuada terminología administrativa, económica, comercial, social, tecnológica y jurídica".
Heraldo de Aragón
JAVIER BENITO. Zaragoza | Uno de los cambios sustanciales entre el anterior y el actual anteproyecto de ley de lenguas es que las principales decisiones ya no se dejan al albur de lo que quieran decidir los ayuntamientos. Igual que no dependerá de ellos la enseñanza "de" y "en" catalán o aragonés, sino de los padres, tampoco se someterá a votación municipal la delimitación de las zonas de utilización de las lenguas propias. Esta es una de las decisiones que quedará supeditada al dictamen del Consejo Superior de las Lenguas de Aragón, que no tendrá un carácter político, sino técnico.
Será "un órgano consultivo adscrito al departamento competente en materia de política lingüística, aunque ejercerá sus funciones con autonomía orgánica y funcional, con el fin de garantizar su objetividad e independencia", según el documento para el debate del nuevo anteproyecto de ley de lenguas, al que ha tenido acceso HERALDO.
El Consejo estará integrado por expertos en esta materia, filólogos, juristas o personalidades de las letras y la enseñanza en materia lingüística "con una acreditada competencia científica, como garantía de su objetividad, independencia y eficacia", dice el texto.
El planteamiento es que la aplicación de la ley parta "de un riguroso examen de la realidad sociolingüística" para determinar las zonas de uso predominante, especialmente del catalán, aunque se pueda ser "más elástico y flexible con el aragonés", ya que posiblemente ni siquiera sea mayoritario en localidades como Ansó, explicaron fuentes próximas al Ejecutivo autonómico. "Las decisiones sobre asuntos académicos -agregaron- no dependerán de políticos, sino de gente con autoridad en la materia".
El Consejo Superior informará sobre las zonas donde corresponde la declaración del catalán y el aragonés como lenguas propias y también de las solicitudes de los municipios -particularmente los limítrofes o con distintos vínculos- para extender esta consideración a sus respectivos términos.
Tan importante o más que lo anterior será su función de "elaborar y determinar, en su caso, las reglas de normalización definitiva del aragonés, y del catalán de Aragón", según el documento del anteproyecto. Las fuentes consultadas explicaron que se trata sobre todo de unificar el aragonés, dado que el catalán ya tiene una normativa, si bien puntualizaron que "se respetarán todas las variedades de ambas lenguas".
Otras funciones del consejo serán el seguimiento de programas y planes en materia de lenguas propias que se desarrollen en Aragon, la emisión de dictámenes de oficio o a instancias de la DGA u otras instituciones, o el mantenimiento y desarrollo en catalán y aragonés de "una adecuada terminología administrativa, económica, comercial, social, tecnológica y jurídica".
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