--> La Plataforma Cívica per la Unitat del Museu de Lleida ha aplegat més de mig miler de persones per defensar que l'art diocesà en litigi de la Franja de Ponent no marxi fora del nostre país. La manifestació, que ha transcorregut des del Palau Episcopal, per la rambla d'Aragó i fins a la seu del Museu de Lleida, ha comptat amb una nombrosa representació d'ERC encapçalada pel president del partit, Joan Puigcercós.
El Estatuto de Autonomía demanda la creación de una Ley de Lenguas desde que se reformó en 1996
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CARLOS VILANOVA. Zaragoza
La polémica que se constata inexorablemente cada vez que la DGA aborda la regulación normativa del aragonés y el catalán como lenguas minoritarias de la comunidad ha producido que esa labor legislativa, reclamada por mandato del propio Estatuto de Autonomía desde 1996, acumule doce años de retraso. Los esfuerzos realizados desde el Ejecutivo autonómico para cumplir con el mandato de la máxima norma aragonesa no ha logrado concitar hasta el momento el consenso mínimo que avale un proyecto normativo sólido y perdurable.
Sin embargo, el Estatuto es claro en el objetivo de dar protección a las variedades de las dos lenguas minoritarias. Tras la reforma aprobada en diciembre de 1996, el artículo siete dice que "las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón gozarán de protección" y que "se garantizará su enseñanza y el derecho de los hablantes en la forma que establezca una ley de Cortes de Aragón para las zonas de utilización predominante". Además, en el artículo 35.1 reconoce a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de Cultura, con especial atención a las manifestaciones peculiares de Aragón y a sus modalidades lingüísticas, a su conservación y promoción.
La última reforma del Estatuto, de abril de 2007, ha reforzado más el mandato de protección lingüística. El texto actual estructura el artículo siete en tres apartados. El primero reconoce que "las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón constituyen una de las manifestaciones más destacadas del patrimonio histórico y cultural aragonés y un valor social de respeto, convivencia y entendimiento".
El segundo punto demanda que una ley de Cortes establezca "las zonas de uso predominante", regule "el régimen jurídico, los derechos de utilización de los hablantes", promueva "la protección, recuperación, enseñanza, promoción y difusión del patrimonio lingüístico de Aragón" y favorezca " en las zonas de utilización predominante el uso de las lenguas propias en las relaciones de los ciudadanos con las Administraciones públicas aragonesas". El tercer apartado incide en que "nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua".
"Regular la cooficialidad"
El mandato inicial de 1996 no se sustanció en una regulación lingüística expresa, pero sí que se reflejó en la ley de Patrimonio Cultural Aragonés, aprobada en marzo de 1999, y en cuyo artículo cuarto se establece que "el aragonés y el catalán, lenguas minoritarias propias de Aragón, en cuyo ámbito están comprendidas las diversas modalidades lingüísticas, son una riqueza cultural propia y serán especialmente protegidas por la Administración".
La disposición final segunda de este texto normativo se remite a una futura Ley de Lenguas de Aragón que proporcione "el marco jurídico para regular la cooficialidad del aragonés y el catalán, lenguas minoritarias de Aragón, así como los derechos de las respectivas comunidades lingüísticas, tanto en lo referente a la enseñanza de y en la lengua propia como a la plena normalización del uso de estas dos lenguas en sus respectivos territorios".
Esta parte de la ley de Patrimonio Cultural Aragonés quedaría derogada si el anteproyecto de Ley de Lenguas elaborado por el Ejecutivo, adelantado por este periódico, se aprobase con la disposición derogatoria única que actualmente recoge. Esa derogación sería imprescindible para evitar incoherencias legislativas si prosperase la propuesta del departamento de Educación y Cultura sin modificaciones, ya que el proyecto en estudio solo reserva la categoría de lengua oficial de Aragón al castellano, aunque defienda la promoción del uso de las lenguas minoritarias (para las que se emplea en exclusiva la calificación de "propias") en sus ámbitos históricos.
El anteproyecto de Ley de Lenguas, aparte de estar incardinado en el mandato estatutario y la legislación patrimonial, se inspira directamente en las conclusiones de la comisión especial de las Cortes sobre la Política Lingüística en Aragón, que fue creada por la preocupación del Legislativo ante la difícil situación del aragonés y el catalán y cuyo dictamen fue aprobado por mayoría absoluta, sin ningún voto en contra, el 7 de abril de 1997.
Las conclusiones fueron la igualdad de tratamiento legal de aragonés y catalán como lenguas propias de Aragón, el respeto a sus modalidades, su enseñanza, la reglamentación de la toponimia tradicional, el apoyo a publicaciones y medios y la creación de un órgano administrativo encargado de la normalización lingüística.
La futura llei de llengües aragonesa no preveu la cooficialitat del català
franja | 24 Juliol, 2008 09:29
L'avantprojecte legislatiu reconeix la identitat trilingüe d'Aragó i el fet
que s'hi parla català i aragonès, però només reconeix l'oficialitat del
castellà
L'avantprojecte de Llei de Llengües que prepara el govern aragonès
reconeixerà l'aragonès i el català com a llengües pròpies però no cooficials
en les zones del territori on es parlen. Segons el text, del qual se n'ha
fet ressò aquest dimecres el diari HERALDO DE ARAGÓN, només el castellà serà
oficial a la comunitat d'Aragó, però sense el caràcter de propi.
Segons l'esborrany de la futura llei, Aragó es considerat com un territori
"trilingüe", on "junt al castellà, llengua majoritària i oficial en tot el
seu territori, conviuen dues llengües en determinades zones, l'aragonès i el
català, amb les seves modalitats". Aquestes dues llengües són considerades
com a "llengues pròpies d'Aragó", però en cap moment són qualificades
d'oficials, a diferència de l'avantprojecte elaborat l'any 2001, que en
proposava la cooficialitat en aquelles zones on es parla aragonès i català,
i s'afegeix que seran "objecte d'especial estudi i protecció", sense
especificar de quina manera. Quant el castellà, s'hi indica que és "llengua
oficial oficial a tot el territori de la comunitat".
Reconeixement de la unitat de la llengua
Pel que fa a les zones d'ús de cada idioma n'hi haurà les "d'utilització
històrica" de l'aragonès i el català, una per llengua, més una tercera
"d'utilització del castellà", compost pels municipis que no pertanyen a cap
de les altres dues i una quarta "de transició-recepció" que inclourà les
localitats receptores de ciutadans amb llengua pròpia diferent al castellà.
Aquesta delimitació per zones, tot i que no garantirà la cooficialitat de
les llengües, almenys fixarà el nom i la zona corresponent a cada un dels
idiomes, al contrari del projecte del 2001, que deixava en mans dels
ajuntaments declarar la cooficialitat i la denominació de la seva llengua
pròpia. Aquesta última possibilitat deixava una porta oberta a denominacions
com fragatí, tamarità o maellà i és la defensada per les associacions
contràries a reconèixer la unitat de la llengua catalana.
La concesionaria ha recibido ya una propuesta para abrir el peaje y reducir así el tráfico en la N-II. El Ministerio y el Gobierno aragonés discrepan sobre qué administración debe asumir el coste.
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JESÚS MORALES. Madrid
La alta tasa de siniestralidad de la N-II parece que ha hecho despertar finalmente a las instituciones implicadas. Gobierno central, Gobierno de Aragón y la concesionaria Abertis están estudiando fórmulas para liberalizar el tramo de autopista Fraga-Alfajarín. El objetivo es que su uso sea gratis o de coste más reducido, de tal manera que se libere de tráfico la N-II a su paso por esas localidades y se reduzca de una vez la larga lista de accidentes que se producen cada año en ese tramo. Aunque ambas administraciones llevan ya más de un mes de negociaciones, de momento no ha habido acuerdo. La DGA considera que es Fomento quien debería asumir el coste, mientras el Gobierno central entiende que debe ser el Ejecutivo aragonés.
Pague uno u otro (o entre los dos), la solución pasaría por el llamado peaje en sombra. Las dos instituciones están haciendo estudios sobre el uso que actualmente tiene la N-II y la autopista a su paso por estas localidades. Fuentes de la negociación explican que la liberalización del peaje entre Alfajarín y Fraga podría favorecer el aumento del uso de otros tramos de la autopista, lo que ayudaría en parte a compensar las cuentas.
El secretario de Estado de Relaciones Institucionales y Planificación, el oscense Víctor Morlán, quiso dejar claro ayer que la alta tasa de accidentes en la N-II y la N-232 en los tramos no desdoblados (que coinciden con su paso por Aragón) no le dejan indiferente. "Cuando ocurre un accidente y hay muertes a uno se le encoge el alma", explicaba ayer Morlán en un encuentro con empresarios aragoneses organizado por Aragonex y patrocinado por Renfe. Ante esta situación, aseguró que el Ministerio ha apostado por "mejorar la seguridad" y por "analizar cuánto puede costar una fórmula similar a la que hay en carreteras de Andalucía".
El ejemplo que puso de tramo de autopista liberalizado es uno de los que ya existen que menos se asemejan con el de Aragón. Así, en Andalucía se ha optado por liberalizar el tramo entre Jerez y Sevilla ya que la carretera tampoco estaba desdoblada. En el acuerdo que se cerró, "la Junta de Andalucía paga todo o parte", explicó ayer Morlán.
El problema es que desde Aragón se defiende que el planteamiento no es el mismo. La N-II no deja de ser una carretera que une Madrid y Barcelona y gran parte de su tráfico, aunque pase por Aragón, es ajeno a la Comunidad. No ocurre así en el que hay entre Jerez y Sevilla.
Ante esta circunstancia, desde la DGA se entiende que debe ser Fomento quien "tome la iniciativa" y quien asuma el coste económico, como ya ha hecho en otras zonas de España.
Propuesta a Abertis
De momento, la situación actual es que se ha enviado una propuesta a la concesionaria Abertis y que se espera que en las próximas semanas Gobierno central y DGA sean capaces de llegar a un acuerdo que redunde en una mayor seguridad para los conductores.
La necesidad de liberar ese tramo parece ser mayor que la de otros tramos también con grandes puntos negros. El motivo es que, por ejemplo, mientras sí parece que la situación en Mallén-Figueruelas en la N-232 tiene ciertas posibilidades de ser mejorada en un corto periodo de tiempo, la reconversión de la N-II en autovía a su paso por Fraga maneja otros tiempos. "El desdoblamiento en ese tramo va a ser largo y complicado", avisó ayer el consejero de Obras Públicas de la DGA, Alfonso Vicente.
Morlán se mostró de acuerdo en este aspecto y, a pesar de que su Ministerio es el responsable final de la obra, rechazó marcarse una fecha. "Es imposible dar un plazo cuando hay por medio una declaración de impacto ambiental", justificó derivando la responsabilidad en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural.
Por otra parte, Morlán quiso escenificar el apoyo del Ministerio de Fomento a la Travesía Central del Pirineo y a la reapertura del Canfranc, obras que aseguró que cuentan con el apoyo del Gobierno central y de Francia y que, garantizó, iban a ser finalmente
| Manifestació a Lleida contra la fragmentació del Museu Diocesà | El litigi surt al carrer per primer cop després d'una dècada als despatxos eclesiàstics
Mònica Borrell
La pancarta que encapçalava la manifestació per la integritat del museu de Lleida
LAURENT SANSEN
El litigi per l'art sacre de la Franja que durant dècades ha restaurat i conservat el Museu Diocesà de Lleida va arribar ahir al carrer amb la primera manifestació contra la fragmentació que ha ordenat la Santa Seu. Més de mig miler de persones van manifestar-se pels carrers de Lleida convocats per la Plataforma Cívica per la Unitat del Museu de Lleida, en defensa de les 88 obres d'art en conflicte amb l'Aragó.
L'acte va ser una reivindicació de la legitimitat i la unitat de la col·lecció, que es troba al Museu de Lleida i que reclama la diòcesi de Barbastre Montsó. Els organitzadors consideren que l'acte va esdevenir "la prova de foc" per "mantenir amb més fermesa el compromís de defensar la unitat del Museu", expressava el comunicat llegit per l'historiador Francesc Fité.
La resposta ciutadana arriba deu anys després de la manifestació -quasi testimonial- que es va fer també a Lleida, en aquell cas, contra el nunci de la Santa Seu, quan va ordenar entregar l'art en litigi al bisbat de Barbastre. Han sigut anys de conflicte, que encara persisteix als tribunals de justícia, però l'acord a què van arribar el 30 de juny passat el dos bisbats per formalitzar l'entrega de les obres en un termini de 30 dies ha desencadenat una reivindicació més massiva.
"Volem que vegin que aquí també sabem defensar el que creiem just", afirmava la portaveu de la plataforma organitzadora, Marta Canales. La legitimitat de la constitució de la col·lecció del museu, l'any 1893, a càrrec del bisbe Messegué, i la unitat de la col·lecció són els dos punts que els organitzadors consideren "indiscutibles i innegociables".
La reacció ciutadana es produeix també en un moment en el qual han coincidit dues novetats en relació amb el conflicte. El nou bisbe electe de Lleida, Joan Piris, ja s'ha mostrat partidari de respectar el pacte entre bisbats sobre l'entrega de les obres, tot i que encara desconeix com executar-lo. La plataforma demana a Piris que segueixi la línia del seu antecessor, Francesc Xavier Ciuraneta, i defensi la unitat del museu.
Als tribunals
Pel que fa a la via judicial, el titular del jutjat de primera instància número 4 es va declarar competent, la setmana passada, per resoldre el litigi que li ha plantejat la conselleria de Cultura, partidària de conservar el museu en la seva integritat. D'aquesta manera el jutge va determinar que aquest litigi és civil, en contra de les tesis episcopals i vaticanes, que fins ara el circumscrivien al sector eclesial.
La manifestació va comptar amb representants polítics de tots els partits catalans, excepte del PSC.
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Art sacreJoaquim MontclúsL'enfrontamententre les institucionspolítiquesdel'Aragó iCatalunya continuadesprés quel'AltTribunaldelaRotaRomanahagi donat a conèixer queno admeta tràmit el recurs presentat pel bisbe de Lleida sobre la possessió de l'art sacre de les parròquies de laFranja.Recentment, elParlament de Catalunya ha aprovatuna moció perquè les obres d'art en litigi es continuïn conservant i s'exposin al públic alMuseude Lleida. Dereshan valgut els arguments de la propietat legítimaper la compra que al seu dia es va fer de les obres, ni la conservació durantmés de cent anys, ni els diners esmerçats en la seva restauració. La voluntat de l'Església deRomava restar ben clara des d'un principi.Romalocuta, causa finita. Ara bé, aquesta Església, que se sent propietària de les obres, al seu dia també les va cedir aunconsorci on participen les institucions polítiques catalanes. Apart de les despeses per la compra, restauració, manutenció i exposició, també s'ha de comptar ambel que recomana el Consell Internacional de Museus i la comunitatmuseística. Aquest litigino es pot compararambels papers deSalamanca, que van serunbotí de guerra i unespoli. Les obres d'art de Lleida, deixant a banda la propietat legítima,han estatunacessió. L'Església, si fes cas de l'Evangeli, mai hauria hagut de permetre aquest enfrontament.Com quehoha fet, ara les institucions polítiques de l'Aragó iCatalunya hauran de cercaruna solució amistosa. Si no, les institucions catalanes faran molt bé no retornant les obres.