La Franja

MANIFIESTO POR LAS LENGUAS PROHIBIDAS DE ARAGÓN

Desde hace muchos años hay crecientes razones para preocuparse en nuestro país por la situación institucional de la lengua aragonesa, la única lengua, junto con el catalán, históricas desde la creación de Aragón. Desde luego, no se trata de una desazón meramente cultural -nuestro idioma no goza de una pujanza envidiable y creciente en el mundo entero, no ha sido impuesta en campañas colonialistas como la inglesa, francesa, española o china- sino de una inquietud estrictamente política en pro de su decadencia: se refiere a su papel como lengua principal de comunicación democrática en decenas de pueblos y miles de habitantes, así como de los derechos educativos y cívicos de quienes la tienen como lengua materna o la eligen con todo derecho como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación.
Como punto de partida, establezcamos una serie de premisas:

1. Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, la aragonesa parace que no es tan española porque no es catalagoda como oficial, pero no por ello habría de perder su merecimiento a la protección institucional y de deber constitucional a ser conocida. Es decir, en las zonas de Aragón donde se habla aragonés y catalán hay una asimetría entre el castellano y estas dos lenguas, lo cual no implica injusticia (?) de ningún tipo porque en Aragón parece que sólo hay una realidad cultural impuesta por el castellano, y sólo ella es universalmente oficial en nuestra Comunidad democrática, y por consiguiente el Estado. Y contar con una comunidad trilingüe es una enorme riqueza para la democracia, aún más si se trata de unas lenguas de tanto arraigo histórico en Aragón, y fuera de él, como la aragonesa y la catalana.

2. Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios dominados por determinadas ideologías ni mucho menos las lenguas mismas. O sea: los ciudadanos que hablan cualquiera de las lenguas (así reconocidas por filólogos de medio mundo) tienen derecho a recibir educación y ser atendidos por la administración en ella, pero las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes (parece que el castellano aumenta cada día su censo de hablantes) ni a imponerse como prioritarias en educación, información, rotulación, instituciones, etc& en detrimento del aragonés y catalán que no lo son (y mucho menos se puede llamar a semejante atropello "facilitar el entendimiento").


3. En las comunidades bilingües es un deseo encomiable aspirar a que todos los ciudadanos lleguen a conocer bien las lenguas de estas, junto a la obligación de conocer la común del país (que también es la común dentro de esa comunidad, no lo olvidemos). Esta premisa, en referencia a la lengua común, ya se cumple en Aragón desde hace años. Pero tal aspiración puede ser solamente estimulada, no impuesta. No es lógico suponer que todos los ciudadanos prefieren desarrollar su vida cotidiana y profesional en castellano, no conociendo nada de sus lenguas autóctonas, lo suficiente para convivir cortésmente con los demás y disfrutar en lo posible de las manifestaciones culturales en ella. Que ciertas autoridades autonómicas anhelen como ideal lograr un máximo techo monolingüe no justifica decretar la lengua castellana como vehículo exclusivo ni primordial de educación o de relaciones con la Administración pública. Conviene recordar que este tipo de imposiciones abusivas daña especialmente las posibilidades laborales o sociales de los más desfavorecidos, recortando sus alternativas y forzando su movilidad y desarraigo.

4. Ciertamente, el artículo tercero, apartado 3, de la Constitución establece que «las distintas modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». No hay que perder ningún detalle de esta disposición tan justa, proclamada para acabar con las prohibiciones y restricciones que padecían y padecen esas lenguas. Dicho objetivo no ha sido para nada hoy conseguido en Aragón, es un fraude constitucional y una auténtica felonía seguir utilizando dicha Constitución como la carta magna de todos ciudadanos españoles, puesto que a miles de aragoneses se nos está denegando la categoría de ciudadanos. Deshaciendose de tal artículo para no justificar discriminación, marginación o minusvaloración de los ciudadanos bilingües o trilingües de Aragón.

Por consiguiente los abajo firmantes solicitamos del Parlamento español una normativa legal del rango adecuado (que en su caso no necesita de una modificación constitucional, ya que ya está contemplada, y la del estatuto de autonomía de Aragón) para fijar inequívocamente los siguientes puntos:

1. El léxico de la lengua aragonesa y catalana (en su zona) es COMÚN (PERO NO OFICIAL) en todo el territorio aragonés, siendo común la ridiculazación y vulgarización a pesar de gozar de una lata comprensión entre todos los ciudadanos aragoneses que desconocen su origen culto distinto a la lengua castellana.

2. Hasta la fecha ningún ciudadano que lo deseen TIENEN DERECHO A SER EDUCADOS en lengua aragonesa o catalana, sea cual fuere su lengua materna. Sólo la lengua oficial española figura en los planes de estudio de la comunidad aragonesa en un único grado de oferta, siempre como lengua vehicular exclusiva. Como norma general, no queda garantizado a todos los alumnos el conocimiento final de su lengua autóctona.

3. En los municipios bilingües, cualquier ciudadano español no dispone del derecho a ser ATENDIDO INSTITUCIONALMENTE EN SU LENGUA AUTÓCTONA. Lo cual implica que en los centros oficiales nunca habrá personal capacitado para ello, ni que ningún funcionario deba tener tal capacitación. En locales y negocios públicos no oficiales, la relación con la clientela en una o ambas lenguas será discrecional, pero siempre habrá de pasar por el inconveniente de expresarse en una lengua ridiculizada y alegal pero vehicular en su territorio.

4. LA ROTULACIÓN DE LOS EDIFICIOS OFICIALES Y DE LAS VÍAS PÚBLICAS, las comunicaciones administrativas, la información a la ciudadanía, etc... en Aragón (o en sus zonas calificadas de bilingües) es recomendable que sean bilingües pero en todo caso nunca podrán expresarse únicamente en lengua castellana como actualmente sucede en la práctica totalidad de Aragón.

5. LOS REPRESENTANTES POLÍTICOS, podrán utilizar habitualmente en sus funciones institucionales aragonesas la lengua aragonesa o catalana (es aberrante el beto a oir hablar en catalán al presidente de Aragón en los medios de comunicación) lo mismo dentro de España que en el extranjero, salvo en determinadas ocasiones características. En el parlamento aragonés podrán emplear indistintamente, cosa hasta la fecha inédita, cualquiera de las dos lenguas minoritarias en Aragón y en el caso del catalán será de uso común con los vecinos valencianos, catalanes o baleares (tal y como lo ha sido durante siglos); constituyendo una discriminación el uso forzado del castellano para su comunicación.

Firmado por Mario Vargas Llosa, José Antonio Marina, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Albert Boadella, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen Iglesias, Carlos Martínez Gorriarán, José Luis Pardo, Alvaro Pombo, Ramón Rodríguez, José Mª Ruiz Soroa, Fernando Savater y Francisco Sosa Wagner.

http://rufierta.aragonyenazion.info/viewtopic.php?t=2534